En estos días de locura preelectoral, las noticias se suceden en un barullo informativo que da más importancia a cuándo se aprueban las leyes que al análisis de lo que significan.
Si se cumplen las previsiones en el día de hoy la Comisión permanente del Congreso aprobará el decreto de «Medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades». Uno de los aspectos que se recoge en este decreto es la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales al cargo de personas con dependencia. El proyecto de presupuestos generales asignaba a esta partida 315 millones de euros.
Los más de 180.000 cuidadores no profesionales de las personas dependientes recuperan así la cotización por parte del Estado de sus cuotas a la Seguridad Social, que venían asumiendo ellos en exclusiva desde 2012. Al margen de ideologías, esta ley supone dar una cierta tranquilidad económica a aquellas personas que optan por abandonar sus trabajos para hacerse cargo del cuidado de las personas enfermas que quieren.
Los cuidados en el entorno familiar representan el 30,7% del total de prestaciones que otorga el Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia. En cuanto a la edad, el grupo mayoritario es de personas de entre 50 y 66 años. El cuidador familiar respecto a la persona dependiente es principalmente un hijo (el 33,8%); el 19,6% es el cónyuge; el 16,8% la madre; y en menores porcentajes, el padre, el nieto, el hermano, nuera o yerno, y otros.
El cuidado de las personas dependientes debería ser abordado como un tema de Estado, independientemente de que partido político esté al frente del Gobierno en cada momento. Una sociedad para ser fuerte debe proteger a sus miembros más débiles y ninguna familia está a salvo de vivir una situación de dependencia.
En la mayoría de los casos la persona prefiere ser atendida por un miembro de su familia y no por un cuidador profesional. Esto es aún más evidente cuando el dependiente es un niño que, sin duda, se encuentra más feliz bajo el cuidado de sus padres.
Son numerosos los estudios que avalan que el cuidado de una persona en su entorno familiar abarata el gasto del Estado que no se ve en la necesidad de multiplicar las infraestructuras de ayuda al dependiente.
La Ley de Dependencia atiende en este momento a 1.061.719 personas, según indican desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar . Además de las ayudas económicas a los cuidados en el entorno familiar, la atención se materializa en diferentes servicios, como centros residenciales, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, o servicios de teleasistencia, entre otros.
Cris Bajo
